Con una demanda interna de 84.000 toneladas de carne vacuna al año, Tucumán es el principal mercado de consumo cárnico del NOA. Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, en la provincia se faenan 310.000 cabezas de ganado al año, de las cuales el 12% (alrededor de 38.000 cabezas) son de producción local.

Esta cifra, de acuerdo a lo que expuso el secretario de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, no alcanza para cubrir la demanda interna. Por lo tanto, Tucumán compra en mercados de otras provincias alrededor de 272.000 cabezas de ganado en pie.

Para afrontar esta necesidad, la economía de Tucumán eroga alrededor $ 3.100 millones anuales, según precisó Padrós.

Además, se suman las 20.000 toneladas de carne fresca o congelada que la economía provincial importa de otros distritos del país para completar el stock que exige la demanda interna. Este proceso le exige a Tucumán una erogación adicional de $ 1.360 millones anuales.

La rentabilidad

En su exposición, Padrós aclaró que estos datos sólo corresponden a la producción y a la demanda de carne vacuna, el mercado referencial que se utilizó en los estudios técnicos para determinar los alcances del proyecto de ley que apunte a establecer la alícuota cero (0%) en los impuestos Ingresos Brutos y Salud Pública para la actividad pecuaria local, durante 18 meses.

“Si se agrega al consumo de carne vacuna, la cantidad de carne porcina, de ave y de huevos que demanda la provincia, seguramente parte de la rentabilidad que, por ejemplo, genera la industria citrícola de Tucumán, se resta con las erogaciones económicas destinadas a traer carne de otros mercados, en especial de la zona de la Pampa Húmeda, para cubrir el déficit de la producción local”, observó el funcionario, durante una charla con LA GACETA.

Finalmente, consultado sobre las posibilidad de erradicar definitivamente el impuesto a los Ingresos Brutos, para devolverle rentabilidad al sector agropecuario, Padrós fue cauto, aunque manifestó que el proyecto de ley podría ser un primer paso para lograrlo. “La ley tiene un período corto de tiempo. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo provincial estudia la posibilidad de ampliar el plazo (de los beneficios fiscales), al menos, hasta diciembre de 2019”, concluyó el funcionario.